Bolivia inició ayer la campaña electoral para los comicios generales del 6 de diciembre, donde el presidente Evo Morales parte como claro favorito en las encuestas para lograr su primera reelección. El último de los sondeos electorales, difundido ayer, otorga a Morales una intención de voto del 47%, unos 30 puntos por delante de su más inmediato rival, el ex prefecto opositor de Cochabamba Manfred Reyes Villa. Si las urnas confirman esta cifra, el gobernante indígena obtendría la victoria electoral en primera vuelta, aunque sin mayoría absoluta. Sin embargo, otros sondeos anteriores amplían el respaldo de Morales a un 54 por ciento.
De hecho, las “apuestas” que se cruzan en Bolivia no se refieren tanto a qué candidato ganará, sino a cuál será el porcentaje de apoyo que conseguirá Morales y si su Movimiento al Socialismo (MAS) logrará el control de la futura Asamblea Plurinacional (actual Congreso Nacional), integrada por Cámara de Diputados y Senado. El presidente de la Nación, Morales, no oculta su deseo de lograr una mayoría de dos tercios en la Asamblea para no tener obstáculos parlamentarios en las numerosas leyes que requerirá la implantación de la nueva Constitución de Bolivia.
Su principal rival es Reyes Villa, quien se presenta bajo las siglas Plan Progreso para Bolivia (PPB) y acompañado como candidato a la vicepresidencia por el también ex prefecto Leopoldo Fernández, en prisión desde hace más de un año y en espera de juicio por la matanza ocurrida en la región de Pando en 2008. Reyes Villa abrió ayer su campaña con una misa en Cochabamba, mientras sus seguidores, entre ellos la mujer de Leopoldo Fernández, hicieron lo propio en La Paz.
Otro de los candidatos opositores, el empresario Samuel Doria Medina, celebró un acto en la ciudad oriental de Santa Cruz, donde destacó la importancia de este departamento para el proceso electoral, ya que “lo que pase el 6 de diciembre en Santa Cruz va a ser determinante en todo el país”. Así lo debe entender también el propio Morales, quien abrirá su campaña el próximo viernes en el departamento cruceño. El mandatario reveló que sus asesores de campaña le aconsejan centrar esfuerzos en las opositoras regiones de Santa Cruz y Beni, y en las ciudades del país, donde el mandatario cuenta con menos apoyo en relación a las áreas rurales.
El resto de las candidaturas en pugna son la Alianza Social de René Joaquino, el alcalde izquierdista de Potosí; Gente, con el ex oficialista Román Loayza como candidato; Pulso, liderada por el campesino Alejo Véliz; Movimiento de Unidad Social Patriótica encabezada por Ana María Flores, y Bolivia Social Demócrata del ex fiscal Remi Choquehuanca.(EFE)
Indígenas amazónicos hacen olas en Quito por la Ley de Aguas
Después de dos intentos fallidos de diálogo, más de tres mil indígenas llegaron a Quito para reunirse con el presidente Rafael Correa, a quien exigirán que declare libre de minería y de actividad petrolera a la provincia amazónica de Morona Santiago. El miércoles murió allí un manifestante y resultaron heridos más de 40 policías en un choque con miembros de la mayor organización del sector, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), que protesta contra la Ley de Aguas por considerar que el gobierno busca allanar el camino a la privatización de ese recurso natural.
OTRAS:
HONDURAS
El gobierno de facto devolvió los derechos constitucionales
El gobierno de facto de Honduras derogó este lunes el decreto que el 27 de septiembre, que limitaba la reunión y libertad de expresión y que la oposición denunció como el establecimiento del estado de sitio en el país.
Roberto Micheletti, presidente golpista, confirmó a la prensa en Casa de Gobierno que el "decreto queda derogado completamente". De esta manera, quedó sin efecto la norma que restringía varios de los derechos constitucionales y que fuera criticado por la mayoría de los sectores.
Para las fuerzas de la “resistencia” Zelayista, esa situación ponía en peligro el proceso electoral previsto para el 29 de noviembre de este año.
En el marco del referido decreto, el gobierno de facto clausuró radio Globo y canal 36, medios afines al derrocado mandatario Manuel Zelaya, y tomó las instalaciones del estatal Instituto Nacional Agrario (INA), que estaban en poder de unos 57 campesinos desde finales de junio.
El gobierno de facto argumentó que el cierre se debió a la "ofensiva final", que el pasado lunes 28 de septiembre realizaron los seguidores del presidente constitucional en Tegucigalpa para devolverlo al poder.
Pero para restringir los derechos constitucionales, el decreto debía ser ratificado, modificado o rechazado por el parlamento unicameral.
La mayoría de los diputados manifestaron su oposición, al igual que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y las cámaras empresariales que pidieron que el decreto fuera derogado.
Desde el exterior, los organismos internacionales, como Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos (OEA) también cuestionaron el decreto y exigieron el restablecimiento de las garantías constitucionales.
